Manizales, may. 23 de 2013 - Agencia de Noticias UN- Con respecto a las garantías de los derechos y el ejercicio político de los nuevos movimientos que podrían surgir en el posconflicto, se expone la dificultad de llegar a un acuerdo mientras no se definan las fórmulas jurídicas para asegurar una participación democrática.

Por ello, la participación debe profundizar la verdad, así como asegurar reparación y justicia transicional.

“La paz debe ser una política de Estado. Pero, obviamente, desde el punto de vista de las Farc, es difícil firmar un acuerdo para que ‘el premio’ sea la cárcel. Por lo tanto, uno de los factores determinantes es definir qué va a pasar con los actores del conflicto y las soluciones jurídicas para garantizar sus derechos”, manifestó el constituyente Álvaro Leyva Durán, en el marco de la cuarta sesión de la Cátedra Debates, que se llevó a cabo en la UN en Manizales.

En este sentido, Jorge Hernán Arbeláez Pareja, docente de la sede y otro de los ponentes, aseguró que es claro que ningún guerrillero volverá a la vida civil si ese hecho no representa una ventaja para él; lo que, en términos prácticos, implica que no se le otorgue la pena que de acuerdo con la ley debería obtener.

Lo ideal es que la sociedad colombiana haga el tránsito para que quienes hayan optado por las armas —y que en el pasado han sido muchos (liberales, conservadores y la izquierda)— puedan tener su papel en el terreno democrático.

“Es la primera vez que se va discutir bilateralmente la paz. Se habla de responsabilidad de paramilitares, agentes del Estado y la guerrilla. Seguramente, las víctimas de las Farc van a pedir que asuman sus culpas frente al secuestro, pero quienes sufrieron las desapariciones forzadas querrán la responsabilidad del Estado y, a su vez, las Farc solicitarán la verdad, justicia y reparación frente a casos como el de la Unión Patriótica. Por tanto, para una participación política democrática la apuesta es pensar multilateralmente”, precisó el conferencista Marco Romero Silva, profesor de Ciencias Políticas de la UN.

Retomando la historia de la violencia en Colombia, es evidente que la impunidad no es un problema nuevo. Su solución sería tan difícil como reescribir la historia del país.

Según Leyva Durán, uno de los mayores responsables es el Estado: “La discusión es cómo asumirlo para que tenga que autolegitimarse. El asunto no es cómo hacemos para buscar encarcelamientos, sino cómo en un país donde reina la impunidad construimos un Estado social de derecho con el orden y la justicia social que ello implica”.

Como respuesta a este desafío, en palabras del profesor Arbeláez Pareja, para conflictos como el nuestro los esquemas de justicia transicional ofrecen y, al mismo tiempo, exigen garantías jurídicas y políticas.

En las primeras se espera el develamiento de los crímenes, su reparación, el castigo de quienes los perpetraron y la no repetición. En la segunda, la reconciliación que lleva a la paz.

“Un conflicto puede resolverse de dos maneras: a través de la victoria militar de una de las partes; y a través de una negociación. En una sociedad en conflicto como la nuestra, que lleva cincuenta años padeciendo la guerra, es evidente que el camino más adecuado es el de la negociación. Y ese camino tiene como marco la justicia transicional. Nadie dice que sea fácil, pues en su interior yace el más controversial de los asuntos, el conflicto entre la reparación y la justicia de las víctimas y la necesidad de mecanismos de reinserción que faciliten la vuelta a la vida civil de los insurgentes”, puntualizó el panelista de la UN en Manizales.

Participación ciudadana

Durante la sesión, se dijo que en la coyuntura de la paz debe pensarse también en un reordenamiento nacional en todos los niveles, porque más que territorio se está repensando toda una noción de país.

“La democracia territorial implica rediseñar un poco los espacios para darles los contenidos y los valores a las regiones, ya que son representativas de una cantidad de conflictos internos distintos al armado. Entonces, hay que plantear una participación desde el punto de vista del reordenamiento territorial”, indicó Leyva Durán.

Igualmente, se planteó que hay otros procesos que tienen que ser corregidos y en los que se ve una aceptación del Estado. Por ejemplo, la corrupción y el enorme gasto de dinero en las campañas políticas, que es aportado debajo de la mesa por el sector privado. Aquí es necesario un modelo de financiación pública que evite la entrada de grandes intereses económicos al juego de la política.

Asimismo, se mencionó la necesidad de fortalecer el sindicalismo. “En Colombia, la tasa de afiliación sindical es del 3,7%, lo que muestra la precariedad de las garantías que tienen los actores sociales colectivos. Y en una sociedad en paz su participación es, en buena medida, la que gestiona las agendas públicas”, expresó Romero Silva.

Otro caso es la organización electoral, que tiene una estructura en donde la coalición de Gobierno maneja la autoridad que se encarga a su vez de ser el árbitro. Un aspecto que se debe cambiar radicalmente.

Además, se requiere establecer políticas definidas para las víctimas. Hay más de cinco millones de desplazados y no se puede hacer un acuerdo que se limite a reconocer la responsabilidad de quienes lo causaron, mientras la gente sigue en la miseria urbana.

“Es necesario tomar medidas muy fuertes para que las personas puedan regresar a los territorios y para que quienes tomen la decisión voluntaria de vivir en el mundo urbano cuenten con soluciones duraderas. La discusión no solo debe girar en torno a cómo se determinan responsabilidades, sino también sobre cómo asegurar a estos sectores una oportunidad de vida distinta”, señaló el profesor Romero, de la UN en Bogotá.

Así, una propuesta es que la población desplazada y refugiada (más de 400 mil en países vecinos) tenga una circunscripción especial al regresar al territorio por un periodo transitorio.

Se trata de que el retorno no solo se acompañe de ayudas humanitarias, sino también de políticas de desarrollo rural, de proyectos productivos y de acceso a la tierra y al poder político, porque la gente no solo ha sido desplazada de su vivienda, también lo ha sido de su liderazgo.

(Por:Fin/amej/sup/fgd)