Bogotá D. C., 29 de octubre de 2013 -Agencia de Noticias UN- Las diferencias y coherencias entre la ley estatutaria y la ley ordinaria del proyecto de Reforma a la Salud serán debatidas este miércoles por Alejandro Gaviria Uribe, Ministro de Salud; Aldo Cadena, Secretario Distrital de Salud; Guillermo Santos, presidente de la Comisión Séptima del Senado; y el investigador Saúl Franco, durante los Debates UN. 

El 30 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Universidad Nacional de Colombia será escenario de la revisión urgente de temas como la modificación al derecho y acceso a la salud de toda la población, el financiamiento del sistema de seguridad social, el paso de EPS a un modelo de gestión en salud, la regulación de precios de los medicamentos, la tutela, la formación profesional y el desarrollo de la investigación científica en el área de la salud.

El debate, organizado por Unimedios, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y la Secretaría Distrital de Salud, busca aportar recomendaciones y ajustes al proyecto, con el fin de que sean tenidas en cuenta en las discusiones que se adelantan en el Congreso de la República.

Análisis de fondo
La ley estatutaria, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental a la Salud, fue aprobada en junio de 2013, ante un llamado de urgencia por parte del presidente de la República. Hoy, tal iniciativa se encuentra en proceso de revisión en la Corte Constitucional, antes de la sanción presidencial.

El tribunal deberá pronunciarse básicamente en torno a si la ley es coherente tanto con el concepto de salud, como con los derechos contemplados en la Constitución y en el llamado bloque de constitucionalidad, que involucra toda la concepción de derechos que tiene la jurisprudencia nacional e internacional frente al tema.

Desde ya, la Comisión de Seguimiento y Reforma del Sistema de Salud (CSR) prevé que dicha Ley será devuelta por vicios de fondo. Así lo explica uno de sus integrantes, el académico e investigador de la U.N. Saúl Franco: “El Gobierno eliminó de la ley estatutaria el derecho a la vida, a la libertad, a morir dignamente, a no ser sometido a torturas, a tener vivienda, a un ambiente sano, a la educación y a bienes y servicios de salud”. En otras palabras, son múltiples las dimensiones integrales del derecho a la salud que, en su opinión, no se tuvieron en cuenta.

Si bien, señala el profesor Franco, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se opuso a incluir estos derechos propuestos por la Comisión, argumentando que temas como el de vivienda o educación le corresponden a otros ministerios, considera que la salud no depende de una sola cartera, sino del Estado en su totalidad.

El doctor Mario Hernández, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, también tiene serios reparos: “El proceso por el cual se aprobó esta ley en el Congreso fue bastante atropellado, y en la fase final, tuvo una serie de errores de procedimiento que seguramente la Corte tendrá en cuenta y devolverá”.

En su opinión, lo aprobado tiene problemas de constitucionalidad, porque limita el derecho al acceso a unos servicios y a un plan de beneficios con exclusiones explícitas bajo criterios que exigen evidencias científico-técnicas, lo cual resulta muy difícil en todos los procesos.

Asimismo, encuentra nocivo el criterio de sostenibilidad fiscal contemplado en la Ley Estatutaria, y según el cual “el Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar de manera progresiva el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal”. Sobre este punto, el profesor Hernández considera que se está determinando hasta dónde llega el Estado.

Para los investigadores, la ley estatutaria también limita el uso de la acción de tutela en la exigencia del derecho a la salud, lo cual tampoco se rige a la Constitución Nacional, poniéndole freno a la única herramienta jurídica para reclamarle al sistema una atención médica oportuna y eficiente.

Ley Ordinaria: pronóstico reservado
Los reparos a La Ley Ordinaria, consignada en el Proyecto de Ley 210 de 2013, “por medio del cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, presentado por el Ministerio de Salud y Protección Social, no son menores.

La reforma, según el Ministerio, se hace urgente ante las barreras de acceso a los servicios de salud. Las cuales se evidencian en las fallas en promoción y prevención, la falta de pago oportuno a los prestadores de los servicios, los desperfectos generalizados en las empresas promotoras, el uso inadecuado de los recursos por corrupción e ineficiencia, la atención deficiente en las zonas especiales (dificultades de acceso para minorías étnicas y habitantes de zonas dispersas) y la pérdida de legitimidad del sistema.

El propósito incluyente y cualitativo de este derecho, sin embargo, no parece reflejarse en el contenido de la propuesta legislativa, según la Comisión de Seguimiento. Aunque en el papel la norma parece atender el clamor de la población a recibir atención adecuada y oportuna, los cambios que plantea el Ministerio son fundamentalmente “de forma y nombre, pero no de fondo”, asegura el doctor Saúl Franco.

El académico cita como ejemplo la creación de los GSS, que reemplazarían las EPS: “son lo mismo, pero con mayor poder. Basta leer el artículo 32, uno de los más extensos, que en 19 literales determina sus funciones. En uno de estos establece que los GSS tendrán la facultad de auditar las facturas de los servicios prestados y ordenar los pagos correspondientes".

Bajo esas circunstancias, Saúl Franco afirma que las EPS, en vez de desaparecer, “pasarían a mejor vida”.

Sobre Mi Plan, considera como agravante que lo que no cubría el POS, al que reemplazará, se solicitaba a través de una acción de tutela. Con la reforma, para reclamar un servicio que figura en las exclusiones, se tendrá que acudir al Consejo de Estado, trámite que dura no menos de dos meses. Dado el cúmulo de solicitudes, se cierne el riesgo de que esta instancia jurídica colapse.

Para el profesor Franco, Salud Mía (que asumirá las funciones del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga–, en el manejo financiero) será un megabanco encargado del manejo unificado de los recursos del sistema, además de la administración de la afiliación, el recaudo de las cotizaciones y la administración del nuevo Fondo de Garantías para el Sector Salud, que será el blindaje ya enunciado de los GSS.

También insiste en que en el proyecto de Ley Ordinaria se mantienen el ánimo de lucro y la intermediación financiera, razón por la cual continuarán los copagos y cuotas moderadoras.
Uno de los artículos más polémicos es el que establece que los médicos podrán especializarse dentro de los mismos hospitales.

“Estamos ante el curioso invento de hospitales universitarios sin universidades, ante el riesgo de una drástica caída en la calidad académica de la formación de especialistas y ante el intento de redondear el negocio: gestor-prestador-formador”, señala el médico de la U.N.

Con esta serie de situaciones, los expertos ven más viable que el proyecto se hunda, para hacer una discusión más profunda el año entrante, con un nuevo Congreso y con la posibilidad de armar otro escenario de discusión. “Eso sería lo menos malo”, concluye el profesor Mario Hernández.

Las intervenciones se llevarán a cabo entre las 8:00 a.m. y las 11:00 am, con entrada libre y transmisión en vivo por Prisma T.V. (wwww.prismatv.unal.edu.co) y UN Radio (Bogotá 98.5 FM - Medellín 100.4 FM - www.unradio.unal.edu.co)