Manizales, mar. 12 de 2014 - Agencia de Noticias UN- La concentración de propiedad de tierra en la zona media de la cuenca del río Chinchiná, evidencia presión demográfica sobre uso del suelo, detrimento en la calidad de vida de los pobladores y deterioro de los ecosistemas.

La Ley 160 de 1994 adoptó como criterio metodológico para determinar las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) aquellas empresas de producción agropecuaria cuya extensión permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable.

Este criterio se toma como base para la financiación de programas de Gobierno, dejando por fuera a muchas familias que viven de sus predios en unidades productivas por debajo del mínimo establecido por el Estado.

Según las condiciones agroecológicas y las prácticas tecnológicas prevalecientes, el tamaño de las UAF en la zona es de 13,7 hectáreas. Sin embargo, el 88% en promedio de los predios en los municipios de Palestina, Chinchiná, Villamaría, Neira y Manizales es inferior a 10 hectáreas.

Esto implica que “un alto porcentaje de la población está en condiciones precarias y con fuertes limitaciones para superar su condición de pobreza”, según indicó Martha Helena Barco Vargas, coordinadora del componente socioeconómico del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Chinchiná (POMCA) realizado por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales.

El proceso de sustitución de cultivos presenta una marcada tendencia a cambiar los permanentes por transitorios, especialmente en maíz y tomate, generalmente bajo la modalidad de arriendo.

En esta forma de tenencia, el dueño de la tierra la alquila a empresarios agrícolas que, al vaivén de las oportunidades mercantiles, inician cultivos de corto periodo y los abandonan obedeciendo al comportamiento de los precios.

“En ocasiones, el arrendatario utiliza una cantidad de fertilizantes que contaminan el agua y aceleran la erosión del suelo, pero él simplemente toma la cosecha y se va. El dueño no vislumbra esta pérdida incalculable que disminuirá el valor de su tierra y podrá generar daños irreversibles en el ambiente”, manifestó Barco Vargas.

De ahí la importancia de abogar por otro tipo de lógicas que van más allá del inmediatismo económico, adquirir una conciencia de lo que implica la supervivencia del territorio e incluir en estas prácticas el costo que tiene el uso inadecuado del suelo.

Una de las posibles salidas a esta problemática es que los municipios inviertan el 1% del presupuesto municipal, asignado por ley a la protección, para subsidiar a los propietarios de terrenos vulnerados. De esta forma, se podría eliminar prácticas dañinas y emprender acciones de restauración, rehabilitación y/o recuperación, según sea el caso.

(Por:Fin/FLPV/sup/pb)