Manizales, abr. 10 de 2014 - Agencia de Noticias UN- La profundización de prácticas inmobiliarias para la adquisición de suelos mejor localizados está induciendo a la expulsión de la población de bajos ingresos de las zonas centrales de las ciudades.

Así lo asegura el arquitecto y doctor en Urbanismo, Carlos Alberto Torres Tovar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia que estudia las políticas de vivienda, los modelos urbanos y las actuaciones inmobiliarias en el país.

Según sus hallazgos, la generación de rentas y las dinámicas financieras que se mueven detrás de la adquisición de terrenos causan la falsa idea de la escasez de suelo en el territorio colombiano.

El experto afirma que la alternativa para resolver la supuesta escasez de suelo es construir edificios de gran altura que densifiquen ciertos sectores. Sin embargo, esto no se compensa con la instalación de nuevas redes, servicios de infraestructura, vías y, mucho menos, con la posibilidad de desarrollo de espacio público.

“Nuestras ciudades se localizaron en áreas centrales que, en su momento, fueron periferia, pero que hoy tienen un gran valor por su ubicación”, asegura el profesor Torres.

Otro factor que extiende la idea de la escasez de tierras es el afán de construir vivienda desde un enfoque práctico y masivo, donde no se tiene en cuenta la construcción de ciudad. Por el contrario, esa responsabilidad queda exclusivamente en el sector público, cuando el que está adquiriendo las rentas por esas adquisiciones mobiliarias es el sector privado.

“El fenómeno se presenta en las grandes ciudades colombianas e, incluso, las intermedias también están llegando a ese punto. Mientras los grandes centros regionales generan este tipo de modelos, se impulsa la ampliación de las coronas urbanas o de los radios de acción urbana por fuera de esos municipios hacia otros cercanos”, agrega el docente.

'Boom' inmobiliario

Ejemplos claros de este fenómeno se encuentran en dos de los programas que el Gobierno ha instaurado para la promoción de la locomotora de la construcción. Uno se refiere a los macroproyectos de vivienda de interés social nacional y el segundo al proceso de viviendas gratuitas.

Esta es una práctica que data desde el gobierno de Misael Pastrana Borrero, cuando se consideró que la construcción podía atacar varios frentes: por un lado, el empleo, dado que en el país no había un proceso de industrialización de la construcción y, al producirla de manera artesanal, podría aprovechar mano de obra no calificada. Por otro, la dinamización de ciertos sectores económicos vinculados a la producción de materiales y a la de bienes y servicios para la construcción. Además está la incorporación del sector financiero que propicia el ahorro y el sistema de créditos.

“Dichos frentes aún se mantienen y son la base de la locomotora. No obstante, las acciones que se han desarrollado no se evalúan; tampoco se analizan los impactos generados ni se estudian las dificultades que se presentan en términos del modelo de ciudad que se produce”, puntualizó.

Añadió que desde los sectores necesitados de vivienda y desde otras esferas de la sociedad, e incluso desde la academia, son muy pocas las propuestas que se ofrecen para mejorar esta problemática. “No hay capacidad operativa ni recursos, ni apalancamiento político”.

(Por:Fin/FLPV/CAPG/AC)