Manizales, may. 27 de 2015 - Agencia de Noticias UN- El proceso de traslado de este municipio, que fue casi destruido por un deslizamiento en diciembre de 2010, es un punto de partida importante para generar una política integral de reasentamientos en el país.

Esta fue una de las conclusiones de la segunda jornada del “Simposio interdisciplinar sobre adaptación y gestión local del riesgo de desastres”, realizado en la Universidad Nacional Sede Manizales, y que reúne a expertos locales e internacionales de esta área.

Durante la ponencia “La reubicación de Gramalote: concepto y práctica”, la conferencista Juanita López Peláez, asesora del Fondo de Adaptación, comentó que no existe en el país una directriz general que establezca hasta dónde va el Estado cuando se requiere mover una población de un sitio a otro, por una calamidad que ponga en riesgo la vida de las personas.

“No hay claridad de qué tareas le corresponden, lo cual hace que cada proceso sea único y que las ayudas y las medidas sean distintas. Creo que a través del plan de Gramalote se está buscando promover esto. Por ello, se han hecho avances, por lo menos desde el punto de vista de la planificación y de la definición de esas medidas específicas”, afirmó.

Aunque ha habido experiencias previas de reasentamiento como con el municipio de San Cayetano (Cundinamarca) o Bojayá (Chocó), el de Gramalote es el proceso de mayor envergadura que se ha dado en el país, pues consiste en la construcción completa de un casco urbano en otro sitio, lo que genera altas complejidades sociales y técnicas.

Según cifras oficiales, 1.110 familias en 974 viviendas de esta localidad de Norte de Santander fueron afectadas por el desastre. También quedaron destruidos 29 equipamientos públicos y 63 privados.

Actualmente, casi cuatro años y medio después del desastre, está contratada la construcción de las vías principales de acceso, la provisión del servicio de agua para el sector donde se va a localizar el municipio en la vereda Miraflores y ya se iniciaron las obras de urbanismo.

El presupuesto total de reconstrucción es de 237 mil millones de pesos y se espera que en el primer semestre de 2016 se pueda trasladar el primer grupo de familias al nuevo asentamiento.

“El Fondo de Adaptación recibió el proyecto en abril de 2012 y comenzó una fase de estructuración que ha incluido diagnóstico socioeconómico y de predios, estudios geotécnicos y ambientales. Una vez se tuvo seleccionado el lote se inició toda la fase de diseños urbanos y modificación del esquema de ordenamiento territorial, a través de un proceso de consulta y aprobación con el Concejo, que se obtuvo en octubre de 2014”, informó la funcionaria.

A la par se ha trabajado en el acompañamiento social a las familias afectadas y la participación de la comunidad en el diseño de los equipamientos, las viviendas, trabajos de reactivación económica y asistencia técnica para familias rurales, mediante talleres y reuniones con líderes.

“Uno de los impactos más fuertes de un proceso de esta naturaleza ha sido que se han roto las redes sociales, porque las familias están dispersas. Ahora estamos en una fase de acompañamiento colectivo para que conozcan y entiendan el plan, para que se vean en el nuevo municipio y construir un plan de vida que les permita entender cómo va a ser el retorno y su economía familiar”, destacó la experta.

Según el esquema de ordenamiento territorial vigente en el momento del desastre, el casco urbano estaba en una zona de susceptibilidad media por deslizamiento, y ya se habían presentado problemas de inestabilidad y daños a viviendas.

“El país tiene una historia muy larga de problemas de ocupación de zonas que no deberían estar ocupadas. Hoy nos estamos enfrentando a la corrección de esos llamados errores del desarrollo, que hacen que se generen los riesgos, como lo hemos hablado aquí en el simposio”, indicó la conferencista.

Tras la reciente tragedia en Salgar (Antioquia), que dejó cerca de un centenar de muertos, el Gobierno ha dicho que espera que el proceso de reconstrucción de viviendas sea de 12 meses.

Al respecto, Juanita López Peláez expresó que lo ideal es buscar medidas en las cuales se pueda reducir el riesgo de la localidad y que las familias se permanezcan en el lugar, ya que un proceso de reasentamiento es una medida de último recurso por su alta complejidad y el fuerte arraigo de la gente con su tierra, su propiedad y su comunidad.

(Por:Fin/MDG/MLA/SYC)