Las actividades para la defensa del territorio en esta zona de conflicto, ubicada en el Meta, incluyen propuestas de recuperación ambiental y política a través de fincas agroecológicas, direccionadas por la Comunidad de Vida y Paz (Civipaz), las cuales les permite conservar sus zonas de biodiversidad.

Las familias del Alto Ariari, región que involucra a municipios como Granada, El Castillo, Mapiripán, La Uribe, La Macarena, El Dorado y San Martín, reconstruyen sus proyectos de vida individual y comunitaria desde la resistencia y la reterritorialización.

Las actividades en defensa de su territorio han sido desarrolladas desde el año 2011. “Este es un claro ejemplo de reterritorialización porque es una comunidad que abandonó la tierra, pero volvió, creyendo en una zona humanitaria. Todo su proceso se cimenta en la autoconstrucción de viviendas, escuelas y acueducto, que desde un principio acogieron como forma de progreso”, anotó Álvaro Rodríguez, miembro del Semillero de Investigación del Alto Ariari, del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Bogotá.

Ese ejercicio de retorno por su cuenta, sin acompañamiento del Estado, funda sus bases en el empoderamiento que despierta el territorio, el cual tuvo su época dorada en la década de 1960 con los cultivos de café y cacao, productos que jalonaron su economía.

“Esta región comenzó a poblarse a mediados de los años 20 con la llegada de colonos campesinos motivados por la extracción del caucho y porque la tierra era propicia para la ganadería, pero la vendieron a terratenientes y se fueron; luego, llegaron otros pobladores en la década de 1940. Finalmente, a mediados de los 50, se asentaron personas que huían de la violencia bipartidista desde el Tolima y Valle del Cauca”, indicó Leidy Leal, estudiante de sociología.

En Colombia, la zona humanitaria más reconocida y, quizás, la única que aún subsiste después de una década es Civipaz, asentada en la vereda El Encanto, del municipio El Castillo en el Meta.

Su origen se remonta a marzo de 2006, cuando 18 familias retornaron, después de emigrar a Villavicencio y una zona rural cercana, tras el asesinato masivo de sus familiares, algunos, participantes activos del extinto grupo político Unión Patriótica (UP).

“Esta zona humanitaria se construye a partir del reconocimiento político y social de los habitantes, víctimas de la violencia que comenzó en la década de 1970 por los enfrentamientos militares entre el Estado, la guerrilla y los paramilitares”, recordó el investigador Rodríguez.

A lo largo de la investigación, que adelantan desde hace dos años, los estudiantes se adentraron en el territorio a través del diseño de cartografías sociales y ejercicios participativos.

El modelo de comunidad también incluyó la entrega de baldíos a poblaciones que venían desde otras regiones, huyendo de la violencia. Los locales los acogían en sus casas y luego les entregaban un lote para que construyeran dónde vivir.

Asimismo, el ejercicio de memoria colectiva lo ejercen, entre otros medios, con la construcción simbólica de un árbol a partir de piedras pintadas con colores, donde escriben el nombre de cada víctima.

Los universitarios participaron en el VII Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales (Cieta) celebrado en Manizales.