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Hidroeléctricas cambian vocación económica del oriente antioqueño

hidroelectricas  En El Peñol la fuerza laboral giraba en torno a la actividad agrícola antes de que apareciera el proyecto de generación de energía en el embalse que sepultó el pueblo.

En situaciones como esta, la construcción de una hidroeléctrica cambia la vocación económica del territorio y atrae la migración de población cercana dispuesta a trabajar.

El caso de El Peñol fue citado por María Adelaida Torres, ingeniera ambiental de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Medellín, invitada al Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales celebrado recientemente en Manizales.

La profesional, autora de la investigación “Ordenamiento territorial y desarrollo económico. Caso hidroeléctricas en Antioquia”, advierte que son muchas las expectativas que se generan con este tipo de inversiones en procura de producir energía.

“En la época de la construcción de la hidroeléctrica se ofrecían empleos para mano de obra no calificada con salarios de hasta 800.000 pesos, lo que influyó para que muchos dejaran el campo, e incluso se instaló mucha gente de otros lugares, atraídos por la novedad”, acotó.

Los efectos también se observaron en los cambios en la tenencia de la tierra, pues grupos armados al margen de la ley desplazaron a la población para después legalizar los predios.

“En municipios como El Peñol, Guatapé, San Carlos, Granada y San Rafael, donde hay hidroeléctricas, las expectativas de desarrollo crecieron y al menos el 50 % de lo que reciben por transferencias se debe invertir en manejo ambiental, protección de cuencas, saneamiento básico, agua potable”, anotó Torres.

No obstante, en El Peñol y Guatapé el 30 %, y en Granada el 45 % de la población no cuenta con servicio de agua potable. Globalmente solo el 18,3 % de la población rural tiene acceso a este servicio en óptimas condiciones.

Por transferencias, el municipio de El Peñol recibe una cifra cercana a los 2.000 millones de pesos; Guatapé, 1.800 millones de pesos; Granada, 18 millones de pesos y San Rafael, 2.600 millones de pesos.

“En Antioquia existen 45 centrales hidroeléctricas. Solo con Hidroituango se generará entre el 40 % y el 45 % de energía en el país; con el resto se alcanza el 28,6 % pero a un costo muy alto, porque irónicamente son embalses ubicados en pueblos que no cuentan con el servicio de agua potable”, manifestó la ingeniera ambiental.

Cambia el territorio

A diferencia de Guatapé, El Peñol fue trasladado, por lo que el 60 % de su suelo se perdió convirtiendo el municipio en un lugar del que muchas personas huyeron después de la época de la construcción de la represa.

“Guatapé no sufrió ese mismo fenómeno: sus pobladores se unieron empeñados en generar turismo como otra forma de incentivar la economía, y para ello, entre otras cosas, pintaron de colores el pueblo sin intervención del Estado ni de empresas de la región”, relató la investigadora.

Para la conferencista, unos sufren los impactos de estos megaproyectos y otros se benefician. “Los municipios no participan de las decisiones que los afectan; aunque la Constitución les otorga la autonomía para planificar su desarrollo, desde los departamentos y las capitales se definen los lineamientos regionales”, puntualizó.

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