La desarticulación de las entidades competentes ha generado tropiezos y dificultades que dilatan el buen funcionamiento del proceso administrativo de restitución o inhiben su optimización.

Así lo destacó Gabriel González Saza, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales, en su trabajo de grado. Esta investigación analiza cómo avanza el proceso de restitución de tierras en el municipio caldense de Samaná, que fue uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia. 

“Revisamos todo el proceso que realiza la Unidad de Restitución de Tierras, además, consultamos los aportes que hacen los diferentes organismos que actúan en este tema, como la Alcaldía y su Plan de Desarrollo, la Personería y la Unidad de Víctimas. Encontramos una desarticulación entre las entidades lo que, en últimas, afecta el buen funcionamiento del proceso”, indicó el investigador. 

El estudiante indicó que Samaná, además de ser el municipio más afectado por la violencia en Caldas, no cuenta con una oficina de Restitución de Tierras. 

“La Unidad de Víctimas, que es como la hermana mayor de la Unidad de Restitución de Tierras, realiza un trabajo muy incipiente en este municipio de Caldas. De sus cerca de 26 mil habitantes, 23 mil son considerados victimarios, por eso la importancia de brindarles mayor atención”, agregó el estudiante. 

Otro obstáculo señalado es la dificultad para que las personas interesadas sean atendidas por el Programa, debido a que deben viajar hasta Pereira o en ocasiones a Manizales, lo que les representa hasta siete horas de recorrido. 

Por eso, el investigador tiene planeado construir una estrategia para mejorar el proceso de restitución de tierras. Esta propuesta se enfocará en la articulación que debe existir entre la Unidad de Restitución de Tierras, Unidad de Víctimas, la Personería y la Administración Municipal. 

Análisis en el país 

El estudiante González Saza indicó que la columna vertebral del conflicto en Colombia ha sido la tierra, acompañada de desigualdad, necesidades básicas insatisfechas, pocas oportunidades para acceder a educación y a la salud; en cierto modo, un olvido estatal hacia el sector rural. 

Las consecuencias que deja esta guerra es la pérdida de un sinnúmero de vidas y la fragmentación de familias enteras con las desastrosas secuelas para las víctimas y la nación. 

La Unidad de Víctimas registra actualmente 7.936.566 personas afectadas por este flagelo. De ellas, hay 6.277.107 sujetas a atención y 1.659.459 no activos para este servicio.    

Una de las secuelas que ha dejado el conflicto armado es el despojo y desplazamiento forzado de personas. Para hacer frente a este flagelo, el gobierno saca una ley de víctimas y restitución de tierras en el año 2011, mediante la cual se crea la Unidad de Restitución de Tierras encargada de reubicar a las víctimas que dejaron sus predios por la guerra. 

El municipio de Samaná, utilizado como corredor estratégico por los grupos al margen de la ley, vivió el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, además de problemáticas como la siembra de minas antipersonales que todavía agobian su territorio y lo convierte en un pueblo fragmentado por la guerra.