Según la Ley 1715 de 2014, Colombia debería implementar incentivos para promover el desarrollo de energía renovable, como lo hacen Alemania, Dinamarca y España.

Los tres países europeos promueven la producción de energía limpia a partir de mecanismos como créditos blandos y subsidios a la inversión, además de otros destinados a investigación y desarrollo.

Así mismo, otros instrumentos de carácter regulatorio obedecen a esquemas de licitación, tarifa garantizada por varios años, certificados verdes y mercados voluntarios, en los que la comunidad puede comprar su energía renovable.

En el caso de Dinamarca, en 1981 entró en vigencia la “Ley de energías renovables” y desde 2012 produce el 50,6 % de estas; en España la ley está vigente desde 1991, y a partir de 2013 comenzó a generar el 40,76 %, y en Alemania desde 2014 el 25,8 % de su energía proviene de fuentes limpias.

“En esos países existen otros incentivos tributarios como la exención y deducción de impuestos, además de impuestos a la generación convencional, con el ánimo de incentivar el desarrollo de las fuentes de energía renovable como la solar y la eólica”, indicó Yhovanny Zamora Vallejo, autor de la investigación “Impacto de la Ley 1715 de 2014: mecanismos de incentivos”.

La tesis, elaborada en la Maestría de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales, aborda la ley con la cual se espera implementar el desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energía para integrarlas al sistema energético, al mercado eléctrico y a las zonas no interconectadas (ZNI). Dicha ley también se refiere a otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento.

“La Ley 1715 carece de una estructura básica, lo que permite concluir que no integrará las fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER). Asimismo carece de una meta cuantitativa y de objetivos claros que permitan evaluar adecuadamente la integración de estas fuentes”, anotó el ingeniero eléctrico.

Según el investigador, otra falencia encontrada es que el objeto de la ley se debe ajustar a las necesidades que el país tiene en cobertura del servicio de energía eléctrica en las ZNI, que alcanzarían el 52 % del territorio.

“Falta incluir subsidios de hasta el 70 % de los costos de inversión inicial, provenientes de la Nación, además de un sistema de créditos blandos y tarifa garantizada por un periodo de 15 años, entre otras medidas para hacer efectiva la integración de energías renovables al sistema convencional del país”, detalló el investigador Zamora.

En Colombia, la trayectoria legislativa se remonta a las leyes 142 y 143 de 1994, mediante las cuales se regularon la energía y el gas; en 2001 apareció la Ley 697, que regula el uso relacional de energía, y en 2014 la mencionada 1715.