En el país existen víctimas por desplazamiento, tortura, violencia sexual, desalojo y homicidio directo de sus allegados, que se van a beneficiar con el nuevo acuerdo que se firmará entre el Gobierno y las Farc.

Así lo sustentó la profesora Mariela Márquez Quintero, coordinadora de la Cátedra de la Paz que realiza la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales, que en esta ocasión propició un debate en torno a la historia, el posconflicto y la paz, con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana, la Gobernación de Caldas y la Chec del grupo EPM.

El deber ser de un Estado en una guerra como la que vivió Colombia, y en un conflicto interno en general, es responderles en forma efectiva a las víctimas, que en el país suman cerca de ocho millones de personas, señaló la docente.

“Colombia vivió en el siglo XX, y a inicios de este, la tragedia humanitaria más grande del mundo por un desplazamiento interno. El mayor de estos fenómenos ocurrió entre 1992 y 2000, por grupos al margen de la ley. Ahora este lugar lo ocupa Siria, pero por un desplazamiento externo”, explicó.

La profesora Márquez Quintero precisó que en el Eje Cafetero hay 230 mil personas inscritas en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación, siendo Caldas el departamento con mayor proporción (100 mil). Todas ellas accederán a los beneficios que traen los acuerdos, afirmó.

“La zona del oriente de Caldas –con sus municipios de Samaná, Pensilvania y Marquetalia– tiene más víctimas por desplazamiento; Anserma, Marmato, Supía y Riosucio, por muertes de líderes indígenas y campesinos; Manizales, Chinchiná, Villamaría y Neira, por los falsos positivos, y Aguadas, Pácora, Salamina y Aranzazu (norte de Caldas), por las acciones de grupos paramilitares”, manifestó la docente de la U.N.

Carlos Alberto Cardona Montoya, delegado de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, explicó que la Ley 1448 de 2011 contempla cinco medidas específicas para la reparación integral a las víctimas: restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantía de no repetición.

Los conceptos principales de estas medidas están presentes en todo el acuerdo del proceso de paz, que tiene como eje central a las víctimas del conflicto armado.

“Cuando nace la Ley de Víctimas, para una vigencia de 10 años desde 2011, se reconoce que existe un conflicto armado en Colombia, lo que constituye una obligación para reparar a las víctimas. Esta reparación tiene que darse en términos de una institucionalidad y por eso se crea la Unidad para la Atención a las Víctimas, la Unidad de Tierras y el Centro de Memoria Histórico”, indicó el funcionario Cardona.

El invitado a la Cátedra de la Paz sostuvo que la reparación a las víctimas navega sobre una idea principal que es la verdad, en la que los colombianos tienen derecho a saber cuál fue el origen del conflicto, quiénes fueron los actores, los determinadores y hasta los financiadores, como un acto de reparación a su dignidad.

Cambiar la forma de ver la realidad del país y manejar otro tipo de lenguaje es uno de los retos que tienen la academia y los medios de comunicación en esta etapa del posconflicto.

Por eso, a partir del próximo año, la U.N. Sede Manizales tiene la intención de traer a la Cátedra de la Paz víctimas del conflicto armado para que los estudiantes puedan interactuar y conocer de primera mano sus historias de vida.