Deficiencias en transporte, salud, educación y servicios públicos afrontan 415 familias trasladadas desde Bajamar (zona insular) hasta la Ciudadela San Antonio, en Buenaventura.

MANIZALES, 17 de mayo de 2017 — Agencia de Noticias UN-

Estas familias fueron reubicadas hace cuatro años en esta ciudadela, en la que el Gobierno nacional y la Alcaldía emprendieron un Macroproyecto de Interés Social Nacional (MISN).

“Nos dijeron que tendríamos servicios públicos ininterrumpidos, centro de salud, plaza de mercado, CAI, megacolegio y hasta un embarcadero, pero nos engañaron”, afirmó Frank Starlin Arteaga, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Ciudadela San Antonio, al occidente de Buenaventura.

Todo empezó en 2007, cuando se pretendía reubicar a 3.400 familias de Bajamar, zona de la isla de Cascajal cercana a las empresas del sector secundario y terciario de la economía, en donde también se encuentran bancos, colegios, almacenes y galerías. Entonces se les pidió desalojar el lugar ante el riesgo de un tsunami y por el déficit habitacional de la ciudad.

Una vez reubicada la población, se buscaba evitar que la zona volviera a ser ocupada, por lo que se construiría el Malecón Bahía de la Cruz, apuesta del Gobierno nacional para convertir a Buenaventura en atractivo turístico de talla mundial.

Es de recordar que estas familias se encontraban en dos situaciones: unas permanecían en la zona en medio del conflicto armado, y otras se habían desplazado huyendo de este.

La reubicación inició con la entrega de 568 viviendas, pero solo 415 familias aceptaron el traslado. Es decir que después de invertir recursos, diseñar un programa de acompañamiento y operar con dos equipos de profesionales (inicialmente de la Universidad del Pacífico y después de la Alcaldía), el objetivo no se ha cumplido y hoy la población habita en condiciones precarias.

Según Ingrid Nayive García Ramírez, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales, antes de la ejecución del MISN no se hizo la consulta previa determinada por la ley, sino que se adelantó una sobre la marcha por la presión de las comunidades. Estos no permitió evaluar la viabilidad de la ejecución del proyecto, pues este ya se encontraba en etapa de construcción.

En su estudio, la magíster realizó una valoración de los grandes proyectos urbanos en contextos étnicos a partir de las tensiones territoriales y socioambientales generadas en el MISN San Antonio y su relación con el proyecto Malecón Bahía de la Cruz.

Trabajo de campo

La magíster García Ramírez indagó de manera cualitativa cómo se llevó a cabo el acompañamiento social a las familias de bajamar, cuáles han sido las condiciones de vida y cuáles las percepciones de territorialidad de los habitantes en San Antonio.

Para ello entrevistó a 19 personas de entre 20 y 60 años de edad y realizó un grupo focal con la comunidad trasladada. Los criterios de selección fueron haber vivido en bajamar y haber sido reubicados en 2013.

Además, llevó a cabo tres entrevistas a ex funcionarios del MISN y realizó una revisión documental a 58 actas de reuniones del Comité Fiduciario referentes a requerimientos institucionales y de las comunidades.

Con esta información analizó el espacio concebido, vivido e imaginado. En cuanto a lo concebido, observó que el macroproyecto no consultó a las comunidades, pero sí transformó su territorio sin su consentimiento; lo vivido incluye lo ancestral, sus orígenes, la etnia, la forma cómo lo habitan, sus casas... Lo imaginado son los símbolos, la religión, las creencias, la cultura y lo inmaterial, que está muy relacionado con sus ancestros y con el mar.

El profesor Luis Fernando Acebedo, de la U.N. Sede Manizales, director del trabajo de maestría, manifestó que a las familias las sacaron de un contexto territorial en el que pescaban, vivían e interactuaban, y los llevaron a un espacio en el que sufren problemas de movilidad, transporte, educación y salud.

En la actualidad, en la Ciudadela San Antonio hay alrededor de 1.268 viviendas construidas, pero sin los equipamientos necesarios, como espacios y edificaciones para prestar servicios sociales, cultural, educativo y de salud. A través del Sistema de Regalías solo se aportaron los recursos para el diseño y los estudios de una estación de Policía, plaza de mercado, embarcadero, puesto de salud y polideportivo, cuyas obras han avanzado en un 80 %.

Para los expertos García y Acebedo, la problemática de macroproyectos como el desarrollado en Buenaventura va más allá de intervenciones urbanas que, lejos de solucionar la calidad de vida de las familias, implica experimentar nuevos escenarios de desventaja social, institucional, económica, cultural, étnica y ambiental. Por eso consideran que emprender proyectos de esta envergadura conlleva a develar la manera como el Estado, las instituciones y las comunidades imaginan el espacio, ya que este no es pasivo ni homogéneo.